¿Qué es el control de convencionalidad en Bolivia?
¿Qué es el control de convencionalidad en Bolivia?
El Control de Convencionalidad, formulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un instituto de creación jurisprudencial que permite la inaplicabilidad de normas y/o actos contrarios a la Convención y permite la defensa desde el ejercicio de los derechos humanos.
¿Quién ejerce el control de convencionalidad en Bolivia?
Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sentencia SCP 0487/2014, partiendo de una interpretación de los artículos 13 y 256 de la Constitución, ha definido que los jueces, tribunales y autoridades administrativas tienen el deber de ejercer el Control de Convencionalidad.
¿Quién ejerce el control de convencionalidad en Colombia?
El control de convencionalidad concentrado se da por el órgano encargado de velar por la defensa y el cumplimiento de la Convención Americana y los demás tratados sobre Derechos Humanos, cual es el caso de la Corte Interamericana, en ejercicio de sus funciones jurisdiccional y consultiva, establecidas por los artículos …
¿Qué es el derecho convencional en Colombia?
El concepto derecho convencional implica reconocer a éste no como un derecho ajeno sino propio, no como derecho supranacional, sino convencional creado o aceptado por los propios Estados Parte para regirse de acuerdo a la reglas, principios y directrices comunes, previamente consensadas.
¿Cuáles son los elementos del debido proceso?
Sin embargo, en general, pueden considerarse las siguientes como las más importantes:
- Derecho al juez natural.
- Derecho a un juez imparcial.
- Legalidad de la sentencia judicial.
- Derecho a asistencia letrada.
- Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete.
- Garantías de doble instancia y doble conforme.
¿Qué es una garantía procesal?
La garantía procesal es la forma de llevar a cabo los principios de seguridad jurídica, de equidad y de igualdad ante la ley, para garantizar la garantía más normal del debido proceso y, así evitar que el Estado en ejercicio de su poder penal someta derechos principales de sus naciones.